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El nuevo proyecto de ley en Valencia representa un grave riesgo para las casas de apuestas

Publicado El febrero 12, 2019 | 12:41 pm

Cejuego ha convocado a una reunión este lunes, dándole la posibilidad a los asistentes de escuchar algunos de los cambios que se llevarán a cabo próximamente en el sector del juego de la comunidad valenciana.

El panorama apunta a un nuevo proyecto de ley, el cual podría afectar parcialmente algunas empresas involucradas en esta industria.

Es conocido el fuerte impacto que este sector genera de forma económica en la comunidad, lo que podría traducirse en pérdidas de empleos si llegan a verse perjudicada debido al cambio en la normativa.

Opiniones encontradas

En medio de argumentos y conclusiones es posible que esta ley valenciana vinculada con las apuestas provoque algunos cierres en casas de apuestas, algo que no pinta bien para los inversionistas.

El nuevo proyecto del que se ha discutido este lunes en la mañana, puede representar el cierre definitivo de aquellos establecimientos y casas de apuestas que se encuentren a menos de 1000 metros de establecimientos educativos o centros escolares.

Alejandro Landaluce sería quien daría los detalles acerca de las nuevas medidas que se estarían tomando en relación a la actividad de juego en Valencia, España.

Su cargo como director general de Cejuego, le da la autoridad suficiente como para conocer en detalle las posibles consecuencias que comenzarán a desarrollarse en torno a esta problemática.

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Parte de las afirmaciones que formaron parte de la intervención de Landaluce es que la mitad de las casas de apuestas y salones de juego de Valencia en la ciudad, tendrían que cerrar.

Ante esta situación, se genera un rechazo inminente debido al establecimiento de un criterio de distancias, ya que, existe una inversión y un importante andamiaje detrás de cada uno de estos establecimientos ya instalados.

El principal objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los mismos, ya que, se estima la no renovación de un gran número de salas de juego.

No existe ninguna violación por parte de estos establecimientos, pero en caso de que se establezca esta nueva medida, será imposible para estos seguir desarrollando sus actividades.

No parece justo para Landaluce que se premie a los nuevos casinos y se castigue a los que llevan más tiempo en el mercado.

Imposibilidad de cumplir con los parámetros

Durante el desarrollo de esta reunión, también estuvieron asistentes el director corporativo relaciones institucionales de Cirsa, Carlos Duelo, Luis Miguel Cabeza de Vaca, director de relaciones institucionales de Codere y Pedro García, el actual director de relaciones institucionales de Orenes, quienes pudieron analizar cada uno de los elementos que vinculan a este proyecto de ley de juego de la Comunidad Valenciana con un posible duro golpe al sector.

En muchas ocasiones, por parte de vista de Landaluce, estas Imposiciones a los casinos resultan incoherentes, o prácticamente imposibles de cumplir.

El principal factor que estaría impulsando esta medida sería el incremento de la ludopatía en los jóvenes, y lo que se busca es minimizarlo.

Fue entonces cuando García tuvo la posibilidad de intervenir, destacando que el problema afecta a un índice mínimo de la población, siendo el 0.3% quien se ve afectado por esta problemática.

Hasta el momento, se tiene información acerca de estudios que destacan que el grueso de la población juega de forma responsable, por lo que, esta medida no parece tener sentido. E

stablecer normas en contra de los casinos presenciales en Valencia, puede representar un fuerte golpe a nivel financiero, ya que, se destacó que el juego representa un 2,54% del Producto Interno Bruto valenciano, generando al menos 7,000 empleos directos y 30,000 empleos indirectos.

El sector del juego no sólo está vinculado a los ingresos fiscales, sino que, también de forma indirecta genera ingresos a través de la hostelería.

El crecimiento de los salones de juego ha incrementado y ha comenzado a tomar fuerza en los últimos años, por lo que, los controles que han venido realizándose para evitar la presencia de menores en los casinos han reducido enormemente el índice de acontecimientos aislados.

En otras comunidades, se toman medidas en las que también se sanciona al menor, por lo que, este proyecto de ley aún parece tener mucho por discutirse, ya que, las opiniones están encontradas.

Los datos vinculados a este tipo de afirmaciones, se respaldan en las 5000 inspecciones que se llevaron a cabo durante el año 2018. Estos arrojaron 21 expedientes, en los cuales no pudo encontrarse ningún caso que estuviese vinculado al acceso de menores de edad al juego.

Impacto financiero

La balanza se inclina de un lado al otro con las afirmaciones de ambas partes, ya que, la patronal aseguró que 137 millones de euros fueron ingresados por parte del sector privado sólo por impuestos, un contraste generado contra los 14 millones que pagó el juego público.

Una de las propuestas que se generó en medio de este contexto es que los ingresos fuesen dirigidos a los programas de sanidad que controlan la ludopatía de las adicciones al juego.

Actualmente, existe una alta fiscalidad vinculada a las apuestas deportivas en Valencia, ya que, en el resto de España el índice es un 10%, mientras que, en Valencia el porcentaje es de 20% a partir del 1 de enero de 2018.

Esto fue consecuencia de la Ley de Acompañamiento, la cual generó este incremento significativo en el índice tributario. Los integrantes de la patronal conocen las ventajas de la ordenación de la regulación, pero algo que no pueden asumir es que se han tomado algunas medidas en la ley valenciana que afectan directamente al sector.

Desde su perspectiva, estas propuestas son absolutamente ilógicas e imposibles de cumplir, por lo que, aún existe incertidumbre ante las consecuencias de este proyecto.

Actualmente, la comunidad valenciana ingresa unos 66 millones de euros que dejarían de ser percibidos en caso de que se apaguen las máquinas.

El plazo de 3 meses para la instalación del nuevo software parece completamente absurdo, ya que, cuando se implementó esta medida en el sector del tabaco, la misma se aplicó durante 12 meses.

El corto tiempo solo llevaría a una gran cantidad de máquinas a ser apagadas inevitablemente.

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